El noble inglés Mark Sykes y el abogado francés François Georges-Picot no sospecharon que el pacto secreto que ellos mismos fraguaron en mayo de 1916, muchos años después, engendraría las bases orgánicas y políticas de un emergente nacionalismo que pondrá en entredicho las instituciones modernas de sus colonias árabes. El denominado acuerdo de Sykes-Picot puso en marcha no solamente la arquitectura geopolítica de sus respectivos países al fragor de la primera guerra mundial, sino que también ejecutó un proyecto de dominación cultural-militar que terminó por hinchar el espíritu independentista de un grupo étnico, históricamente invisibilizado, originario de un antiguo territorio conocido como el Gran Kurdistán.
A cien años del mentado acuerdo, los kurdos han enunciado claramente su derecho a la autodeterminación en un referendo celebrado el pasado 25 de septiembre donde casi el 93% de las poblaciones kurdas votó por el sí a la independencia. La votación se realizó únicamente en la región conocida como Basur (Kurdistán sur), entidad autónoma reconocida con estatus federal por la constitución del Estado iraquí en 2005, a pesar de que desde 1991 hasta 2003 subsistió como una entidad política separativa de facto.
Irak fue una antigua área de influencia británica desde 1917, pero a partir de la última invasión perpetrada por una coalición de países occidentales en el año 2003, su reconfiguración política desembocó en una constitución proclive al federalismo asimétrico y al reconocimiento de mayor autonomía para los kurdos dentro de Irak, con base en sus propias formas de organización social y política.
Desde el primer lustro del siglo XXI las circunstancias internas de Irak propician esta suerte de reconocimiento jurídico especial para el Kurdistán sur.
Sin embargo, aunque las poblaciones kurdas bajo jurisdicción de los Estados de Turquía, Irán y Siria no participaron directamente en el referendo, desde hace muchos años estas poblaciones cuatripartitas están organizadas en un frente confederado de resistencia regional que apuesta a la descolonización del Gran Kurdistán. Esta resistencia regional está sustentada, en gran medida, en la teoría y práxis política del confederalismo democrático que desde la cárcel en Turquía abandera el líder kurdo Abdullah Öcalan. Este creciente movimiento independentista es señal de un claro sentimiento nacionalista kurdo que ha puesto en jaque la administración estatal de estas cuatro potencias postcoloniales, sobre todo, en lo que respecta al control militar y sociocultural.
Como en casi todos los proyectos coloniales occidentales, el acuerdo de Sykes-Picot fungió como un proyecto de control indirecto en el que la repartición del antiguo imperio otomano será una estrategia puramente económica para los enclaves europeos que fragmentará administrativamente toda la región de Asia Occidental y el Suroccidente Asiático [lo que la ONU denomina como Oriente Medio] sin tomar en cuenta los aspectos étnicos, culturales, lingüísticos y religiosos de sus habitantes. Es así que el Gran Kurdistán quedó encerrado dentro del entramado de intereses europeos y eventualmente dentro de las celdas administrativas de los nuevos Estados Árabes como Irak, Siria, Irán y Turquía, que explotan los ricos recursos naturales que yacen en su subsuelo y en sus numerosas montañas. Desde petróleo, gas, agua y minerales críticos, son acaparados mediante tecnicismos legales, sucias estrategias políticas y una brutal coacción militar.
Este encierro geopolítico que sufre el Gran Kurdistán no es nada más un diseño fronterizo fraguado por los europeos que cercena la territorialidad ancestral de los kurdos, sino que ya entrado el siglo XX se convirtió en un auténtico proyecto hegemónico arábico-islámico que pretendió castrar, hasta el día de hoy, cualquier signo de autodeterminación política, administrativa, cultural y espiritual de la Nación Kurda.
El Acuerdo de Sykes-Picot, así como todos los acuerdos y tratados confeccionados desde occidente, generalmente responden a los intereses de las potencias coloniales que se disputan el control de un territorio colonizado bajo el eufemismo de “área de influencia” o en el peor de los casos “transferencia administrativa” como fue el caso del Acuerdo Tripartito de Madrid (1975) en el que Marruecos, Mauritania y España (siendo esta última su antigua colonia) se repartirán la administración del Sahara Occidental mientras se preparan las condiciones estructurales para la descolonización del territorio, tal como ocurrió con el Acuerdo de New York (1962) en el que Holanda (antigua colonia de Papúa Nueva Guinea) transfiere la administración temporal de Papúa Occidental a Indonesia bajo la promesa de que eventualmente se celebre un referendo para respetar el derecho de autodeterminación del pueblo papuano.
En ambos casos, como es sabido, jamás se celebró un referendo para la independencia de Sahara Occidental ni de Papúa Occidental (salvo la farsa del Acta de Libre Elección de 1969 en Papúa Occidental) debido a los intereses económicos que tienen las compañías de connotadas potencias occidentales sobre los recursos críticos del subsuelo en dichos territorios. No es casualidad que desde hace décadas los gobiernos de Indonesia y Marruecos hayan concedido no solo derechos de explotación bajo regulaciones flexibles y sin ninguna consideración ni beneficio hacia los indígenas, sino también convenios entre entidades estatales como OCP Group de Marruecos, con gigantes multinacionales como Yara International ASA de Noruega y Bunge International Limited de Holanda, etc. para la extracción de fosfato en zonas ricas del territorio ocupado.
Del mismo modo, entidades estatales de Indonesia como la PT Freeport Indonesia y PT Pertamina Indonesia acuerdan convenios de mutuo beneficio o autorizan un gran porcentaje de licitaciones a gigantes multinacionales, como es el caso de la Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. de Estados Unidos y la British Petroleum (BP plc) del Reino Unido, que, mediante regulaciones laxas y una brutal coacción militar hacia las tribus papuanas, han concedido cerros, lagos y bosques sagrados, ricos en yacimientos de oro y cobre como la Mina Grasberg y enormes reservas de gas natural como la Bahía de Berau-Bintuni, para usufructo del fisco indonesio y un puñado de conglomerados asiáticos y occidentales.
Así como el Tratado de Sevres (1920), en el que las potencias aliadas de entonces prometieron [e incumplieron] mayores competencias a los kurdos para que estos construyan su propio Estado independiente, quebrantadas en el Tratado de Lausana de 1923, estos acuerdos internacionales solamente contribuyen al control administrativo por parte de los nuevos Estados-nación colonizadores sobre estos territorios, culturalmente diferenciados, que ahora yacen bajo sus soberanías.
Nacidos de las cenizas de las antiguas colonias europeas, estos nuevos Estados, paradójicamente continúan la reproducción de los intereses de grandes industrias de hidrocarburos y otras materias primas, cuyas firmas pertenecen a las mismas potencias occidentales que una vez diseminaron su influencia geoestratégica en toda esa región. Ejemplo de esto fue la Convención Tripartita de Samoa (1899) en la que Alemania (antigua colonia de las Islas Salomón) transfirió la administración de algunas de sus islas al Reino Unido pero, a raíz de una intervención militar de Australia a principios del siglo XX, desencadenó una serie de acuerdos que culminaron en el control de la Commonwealth sobre dichos territorios insulares.
En la actualidad, una de las principales islas, la isla de Bougainville, bajo jurisdicción de Papúa Nueva Guinea Oriental (antigua colonia holandesa) es la que cede permisos de explotación a las firmas de corporaciones mineras de capital británico y australiano como la Conzinc Riotinto Australia (CRA) para explotar su rico subsuelo en detrimento de los derechos de autodeterminación de sus habitantes nativos. Hasta hoy en día las tribus de la isla de Bougainville se encuentran en resistencia contra el ejército de Papúa Nueva Guinea Oriental que está al servicio de las transnacionales mineras que han destruido gran parte del ecosistema de la isla.
Como podemos notar, los antiguos colonizados de las potencias occidentales son los que colonizan los territorios de pueblos culturalmente diferenciados que coexisten dentro de sus nuevas estructuras estatales para explotar sus recursos, imponer una hegemonía cultural y socavar cualquier semillero de autodeterminación.
Hoy la Nación Kurda está más que clara que el mentado acuerdo de Sykes-Picot está desdibujado de la lucha por la autodeterminación de su región ancestral, no porque dicho acuerdo prácticamente ya quedó en el pasado, sino porque las nuevas potencias arábico-islámicas son las que figuran en el escenario contemporáneo bajo los ademanes de sus antiguos colonizadores que omiten el problema Kurdo dentro de este entramado geopolítico. La República de Ararat (1927–1928), que fue el primer Estado que los kurdos erigieron en el Kurdistán turco, fue sofocado por Turquía, así como la segunda República de Mahabad (1946) en el kurdistán iraní, fue violentamente aplastado por Irán.
Pero a pesar de esta brutal negación del derecho de autodeterminación de los kurdos, la cuestión Kurda está imponiéndose desde sus propias trincheras sin más pretensión que la búsqueda no propiamente de un Estado kurdo, sino de una suerte de confederación del poder kurdo que les permita ejercer no sólo sus derechos territoriales, sino también la recuperación de su integridad cultural como un ápice constitutivo en tiempos en que la figura del clásico Estado-Nación ya no es un paradigma. En ese sentido, la refundación del Gran Kurdistán apunta hacia un horizonte que les permita construir una estructura de gobierno más horizontal en términos de distribución de sus recursos, democratización de sus decisiones públicas mediante asambleas y comités descentralizados a lo largo y ancho de sus territorios ocupados, para recuperar, en los hechos, la autoadministración política, más allá de la figura del Estado-nación.
Moskitia: la sincronía emergente.
El tratado Zeledón- Wyke (1860) celebrado entre el Reino Unido y Nicaragua resultó ser un acuerdo ponderado en cuanto a la expresa contemplación de los derechos de los pueblos indígenas de la región Moskitia. Pero no fue sino hasta 1881 en que el Emperador de Austria Francisco José I emitió un laudo que develó el principio y la esencia de la práctica de dicho acuerdo al contrastar la realidad con lo estipulado. La región Moskitia (que comprende desde el Cabo de Honduras hasta la Desembocadura del río San Juan) resultó ser una transferencia administrativa en la que el Estado de Nicaragua (antigua colonia española) y hasta 1960 el Estado de Honduras (antigua colonia española) a través de un sucesivo acuerdo entre ambos Estados independientes, gozan simultáneamente de la explotación de los recursos naturales de la región Moskitia en detrimento de los derechos de autodeterminación de los pueblos originarios.
La región Moskitia, no menos parecida al Gran Kurdistán, finalmente a mediados del siglo XX fue escindida en dos partes, cuyos territorios ricos en recursos naturales fueron otorgados a finales del siglo XIX a corporaciones estadounidenses desde la violenta incorporación de 1894.
La Convención Moskitia (1894), celebrada forzadamente entre el Estado de Nicaragua y una selectiva autoridad nativa de la Moskitia, fue la reafirmación del control directo de Nicaragua sobre el litoral caribeño, pero fue con el Tratado Harrison-Altamirano (1905) que el Reino Unido cedió definitivamente la administración de la Moskitia al nuevo Estado nicaragüense con la intención de que éste último reconociera el derecho de autodeterminación de los pueblos de la región Moskitia, estipulados en el Tratado Zeledón-Wyke de 1860. Sin embargo, este derecho legal y político fue abrogado sin ninguna consulta, lo que favoreció el cercenamiento de la región, gracias a un laudo del Rey de España, Alfonso XIII de 1906. La Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), confirmó al fin este laudo de 1906 hasta el año 1960. Desde entonces, los Estados coloniales de Nicaragua (desde 1860) y Honduras (desde 1960) ven a la Moskitia como una región proveedora, entre otras cosas, de materias primas.
Así como ocurrió con Papúa Occidental y el Sahara Occidental, estos espacios orgánicos de autodeterminación nunca se consumaron. Ni siquiera la ONU ha logrado darles solución integral a sus prometidos procesos de descolonización. Sin embargo, el pueblo kurdo ha demostrado una resiliencia sin precedentes al sobreponerse a los conflictos armados contra las fuerzas militares de los Estados de Irak, Siria, Irán y Turquía e incluso contra el mismo Estado Islámico que paradójicamente busca el mismo fin: desdibujar las fronteras pero con propósitos totalmente diferentes y contrarios a las aspiraciones de autodeterminación de la Nación Kurda.
Esta demostración de resistencia territorial y dramática resiliencia orgánica y política los ha colocado en el centro de la mirilla internacional al convocar a un referendo de independencia que pretende extenderse en todos los territorios kurdos controlados por los países dominantes del llamado oriente medio. Sin embargo, aunque el referendo no funja más que como un protocolo de libre determinación que demuestra la capacidad protagónica de los kurdos por la vía del voto popular, en realidad su mejor expresión ha sido mediante las estructuras de poder político y militar confederadas dentro del gran Kurdistán, aún a pesar de estar subsumido por la aplastante hegemonía de los Estados árabes.
Plurinacionalidad: la cuestión étnico-nacional.
Algo que llama la atención de la autoadministración política kurda, además de todas las gobernaciones oficiales que tienen en Irak y de facto en Irán, Turquía y Siria, es la cualidad pluricultural que anida en los territorios recuperados o en proceso de recuperación política. Además de Basur en el Kurdistán iraquí, único territorio kurdo que goza de un reconocimiento federativo de jure desde 2005, el caso de Rojava en el Kurdistán sirio, Rojhilat en el Kurdistán iraní y Bakur en el Kurdistán turco, coexiste un variopinto mosaico étnico, desde yazidíes, kurdos, árabes, turkmenos, mandeos, zazas, armenios, etc. así como un nutrido crisol de expresiones espirituales.
Esta nomenclatura cultural, lingüística, espiritual y religiosa de sus territorios nos aproxima a un planteamiento de Estado mucho más abarcante que puede reorganizar a ese crisol de pueblos con cosmovisiones variables, dentro de una estructura plurinacional confederada, una vez alcanzada su plena recuperación. Aunque al parecer, este proceso de federación descentralizada no tiene una culminación estatofílica propiamente, pues, así como los Caracoles zapatistas y los Lof mapuche, son procesos orgánicos que van andando sobre la marcha, bajo la rúbrica de la democracia directa, la comunalidad y el asambleísmo.
La región Moskitia tiene características más o menos similares al Kurdistán. Desde la Moskitia hondureña hasta la Moskitia nicaragüense coexiste una diversidad de pueblos, lenguas, cosmovisiones, confesiones y sistemas de relaciones parentales y sociales propias.
En el caso de Papúa Occidental, en mayor medida, la composición étnica es generosa. Sin embargo, esto no ha minado ni mucho menos escindido el discurso y militancia pro-independentista a lo ancho y largo de la isla entre todas las tribus indígenas. La declaración de Westminster en mayo del 2016 que propugna un voto supervisado internacionalmente para Papúa Occidental, es resultado de la articulación orgánica de todas las regencias papúes que aglomeran a más de 250 tribus con una rica diversidad lingüística que, en más de 50 años, han logrado articularse — pese a sus diferencias simbólicas y societales — y organizar una importante campaña internacional para la liberación de Papúa Occidental.
Sin embargo, el Kurdistán tomó ventajas sorprendentes en cuanto a la autoadministración a pesar del abierto conflicto armado que ha desangrado a miles de kurdos desde la masacre de 1925 hasta el día de hoy.
El caso de Sahara Occidental, cuenta con una población de poco más de doscientos mil personas esparcidas en todo el desierto, de las cuales sólo unos 155,000 son saharauis étnicos (híbrido de bereber-árabe) y, aunque el resto de los grupos étnicos del Sahara Occidental como los amaziges, árabes saharianos, judíos sefardíes, blancos caucásicos y africanos subsaharianos (salvo la minoría descendiente de colonos marroquíes llegados en 1975 mediante la invasión de la Marcha Verde) reclaman el mismo derecho de autodeterminación para Sahara Occidental: los esfuerzos diplomáticos para liberar al territorio de la ocupación de Marruecos y Mauritania, principalmente del Estado Marroquí, ha sido infructuoso.
Sin embargo, a pesar del escaso número poblacional tanto en el territorio ocupado por Marruecos como en la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), cuentan con el respaldo de la ONU bajo tutela del Comité Especial de Descolonización que propugna desde 1991 la denominada MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referendo en el Sahara Occidental).
La región Moskitia cuenta con un crisol multiétnico considerable y esto no complica su proceso de autodeterminación, al contrario, lo robustece. Sin embargo, la ausencia de dispositivos y redes de comunicación para articular la lucha de las comunidades entre los dos territorios divididos en la frontera del Río Wangki o Río Coco [frontera administrativa entre Nicaragua y Honduras] limita los mecanismos tácticos para una militancia que busque la reunificación del territorio y que prepare las condiciones orgánicas, jurídicas y políticas para apostar a un referendo bi-regional para consultar, en sus respectivos territorios, la posibilidad de constituirse como una confederación independiente de dichos Estados-nación.
Sin embargo, la Nación Mapuche del Wallmapu, a pesar de haber sido partido en dos su territorio ancestral entre Chile y Argentina (antiguas colonias del Imperio Español), mediante amañados acuerdos, campañas militares (Chile con la Ocupación de la Araucanía en 1861 y Argentina con la Campaña del Desierto en 1878) y sucesivas invasiones coloniales por parte colonos y multinacionales avaladas por ambos Estados, los Mapuche continúan una ardua lucha por la restitución de su territorio y, desde hace mucho, realizan centenarios encuentros en ocasión del “We Tripantu” (año nuevo mapuche que coincide con el solsticio de invierno) entre sus comunidades a lo largo y ancho de ese espacio milenario comprendido en gran parte entre la araucanía chilena y la patagonia argentina.
Así como el “Newroz”, festival de año nuevo kurdo que coincide con el equinoccio de primavera y que es, a pesar de la represión, multitudinariamente celebrado en todo el Kurdistán, vale mencionar que una dinámica tradicional bastante práctica para el ejercicio político por la descolonización de la región Moskitia, podría ser, además, del festival “Sihkru Tara” del pueblo indígena Miskitu, la celebración del “Sauda” entre los pueblos Mayangna a ambos lados del Río Wangki, así como la conmemoración del “Yurumein” del pueblo Garífuna que se celebra periódicamente entre los Garinagu de Honduras (también en Livingston y Belice) y Nicaragua respectivamente.
Estos encuentros culturales son verdaderos lazos que generan redes e intercambios epistémicos y socioculturales que pueden fungir, además, como auténticos puentes de articulación política donde pueden generarse goznes sinérgicos entre las comunidades para el cultivo y praxis de una suerte de confederación plurinacional que logre autoadministrar importantes decisiones colectivas de manera más horizontal sin que esto implique, directa o indirectamente, conflictos con el monopolio de los Estados-nación coloniales de Nicaragua y Honduras.
Los papuanos realizan periódicamente travesías entre las selvas, altas montañas, ríos y mar abierto para realizar campañas por la liberación de Papúa Occidental en encuentros culturales entre diferentes tribus a lo largo y ancho de la isla (incluso con tribus de Papúa Oriental) y eso explica, entre otras razones, por qué cuentan con una solidaridad mundial que ha hecho eco en organismos internacionales de derechos humanos, en diferentes países del pacífico y del mundo entero, inclusive en plataformas conservadoras como la ONU.
La cuestión étnico-nacional ya no se está pensando desde la figura del Estado y eso, fuera de lo que podría parecer, nos ha permitido repensar mejor el camino que debe tomar la lucha autonómica de muchos pueblos del mundo. Sin duda, la confederación política como lo plantea el líder kurdo Abdullah Öcalan, es una alternativa a ese reducto decimonónico de autoridad colectiva. Estas redes políticas autorreguladas en diferentes geografías no requerirían de una figura de poder centralizada como el monopolio estatal de corte republicano, sino más bien, una confederación heterogénea, heterárquica y horizontal.
La figura del Estado políticamente centralizado, culturalmente homogéneo y jerárquico en la toma decisiones administrativas ha perdido fuerza desde finales del siglo XX con los variopintos levantamientos indígenas y reivindicaciones de minorías étnicas que han puesto el tema indígena y otras formas de gestionar interculturalmente el poder dentro de la agenda global.
La plurinacionalidad ha cobrado fuerza en las constituciones políticas de países sudamericanos como Ecuador y Bolivia.
Contrario al multiculturalismo, esta propuesta constitucional se ha insertado con gran ahínco dentro de la rúbrica de las democracias occidentales en países como Noruega, Nueva Zelanda, Canadá y en los últimos años la propuesta plurinacional se está discutiendo en los parlamentos europeos de países como España.
Como expuse a grandes rasgos en un artículo titulado: Refundación de la autonomía de la Moskitia: hacia el Estado plurinacional. La lucha por la autodeterminación regional de la Moskitia solamente tiene dos vías. La figura Plurinacional para el Estado de Nicaragua y la otra es la figura Federal para Nicaragua y la Moskitia respectivamente. Es decir, adoptar dos entidades federativas en una misma unidad constitucional, cada una con sus constituciones federales.
- La primera es un diálogo profundo con el Estado de Nicaragua para que este reforme integralmente su constitución de Estado-nación republicano, centralizado y unitario y pase a convertirse en un Estado Plurinacional. Esto se podría lograr a través de una profunda Asamblea Constituyente, en la que la Moskitia defina su institucionalidad mediante un diálogo intercultural con la institucionalidad nicaragüense. De este modo, la institucionalidad estará definida interculturalmente, favoreciendo la gestión plurinacional de la administración pública.
- La segunda es acordar con el Estado de Nicaragua la supresión de la figura Unitaria del Estado nicaragüense, para incorporar, en su lugar, la figura Federal. Bajo esta condición, nosotros podremos decidir qué tipo de autogobierno queremos y así tomarnos la ardua tarea de trabajar en la conformación de una confederación inter-territorial con los más de 20 territorios de la región que albergan diferentes nacionalidades indígenas, afrodescendientes y mestiza costeña, junto a los municipios mestizos-interculturales y los ecosistemas de la biosfera, para convertirnos en una entidad política con constitución propia de carácter confederado y plurinacional, soberana y descentralizada, amparados en la rúbrica de un federalismo asimétrico.
Los tiempos actuales alientan a la Moskitia alinearse a estas apuestas confederadas del poder como la del Gran Kurdistán para sincronizarnos con las luchas de quienes ya decidieron construir un horizonte societal fuera de los viejos paradigmas del Estado-nación republicano [avalado por la comunidad financiera internacional y el sistema de naciones unidas], en el que aún se arraigan esos viejos acuerdos, tratados y maltratados de este orden geopolítico del sistema-mundo.
Publicado el 30 de septiembre del 2017 en blogger
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